Planes Parciales no garantizan protección de El Bajío, dicen defensores.
Georgina García Solís.- A pesar de que los nuevos Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Zapopan descartan que la Villa Panamericana se convierta en complejo habitacional, sí le abren la puerta a la “posibilidad de aumentar la concentración humana e inclusive a permitir servicios de comercio e industria en detrimento de El Bajío”, aseguró Carlos Aldana Ortiz, representante legal de Parlamento de Colonias y de los vecinos de Rancho Contento.
El abogado indicó además que la actualización de dichos Planes Parciales viola la legislación en la materia como el Código Urbano del Estado de Jalisco y que en caso de ser aprobados por el pleno del ayuntamiento de Zapopan podrían ser impugnados.
“Es una buena intención pero que no está resolviendo el problema de no densificar la zona de El Bajío, ya que si observamos con detenimiento la propuesta nos encontramos con que finalmente sí se están autorizando en las zonas que actualmente son protegidas y de alta restricción la posibilidad de aumentar la densidad poblacional e inclusive permitir servicios de comercio e industria que desde luego viene en detrimento de esta área natural protegida.
“Abre la puerta para que pueda rápidamente incrementarse alta concentración humana en esa zona y servicios que inclusive dan pie para que se deteriore ambientalmente El Bajío”, criticó Aldana Ortiz.
Las actualizaciones de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano aprobadas por las Comisiones de Desarrollo Urbano y Desarrollo Socioeconómico del ayuntamiento de Zapopan, establecen que en El Bajío se permitirá una densidad poblacional mínima y grandes extensiones de uso comercial. A cambio se decretan cerca de 480 hectáreas de franja de amortiguamiento.
A decir del abogado, en esta zona que es una cuenca endorreica, con alto valor hídrico y ambiental para la Zona Metropolitana de Guadalajara ni siquiera debería permitirse eso.
Aldana Ortiz señaló que Parlamento de Colonias y los vecinos de Rancho Contento, –los mismos que lograron que el Tribunal de lo Administrativo del Estado ordenara suspender la comercialización y la habitabilidad de la Villa Panamericana–, hacen una revisión jurídica para promover una probable impugnación con base en que los Planes Parciales se elaboraron al margen del Código Urbano del Estado de Jalisco.
“Se saltaron pasos en el procedimiento y formulación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de sub distritos y distritos urbanos. Esto incumple el artículo 123 del Código Urbano del Estado de Jalisco. Primero, no existen evidencias documentales de que hayan convocado y realizado foros de opinión, consulta a los titulares y habitantes de inmuebles o a grupos organizados de la sociedad para elaboración del proyecto.
“El artículo 123 establece que debe seguirse un procedimiento y ese procedimiento no se sigue. Por ejemplo el ayuntamiento no convalidó ni ordenó la revisión de los Planes Parciales, por lo tanto la revisión es nula por pleno derecho. También establece que deben de contar con estudios de impacto ambiental, situación de la que tampoco tenemos evidencia de que así haya sido”, explicó.
Por lo pronto, dijo, “tenemos la gran posibilidad de que el pleno del ayuntamiento en la sesión que tengan para aprobarlo pudieran los regidores hacer un análisis de estos puntos de los que hacemos referencia”.
Además, informó, sigue vigente la suspensión otorgada por el TAE para que no se comercialice y no se otorguen certificados de habitabilidad a la Villa Panamericana.
En este proceso legal, abundó, el TAE ordenó la publicación de edictos para que los terceros perjudicados comparezcan para externar su conformidad o inconformidad, como los trabajadores al servicio del estado cuyos ahorros fueron invertidos en este inmueble por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
“Es una buena intención pero que no está resolviendo el problema de no densificar la zona de El Bajío, ya que si observamos con detenimiento la propuesta nos encontramos con que finalmente sí se están autorizando en las zonas que actualmente son protegidas y de alta restricción la posibilidad de aumentar la densidad poblacional e inclusive permitir servicios de comercio e industria que desde luego viene en detrimento de esta área natural protegida.
“Abre la puerta para que pueda rápidamente incrementarse alta concentración humana en esa zona y servicios que inclusive dan pie para que se deteriore ambientalmente El Bajío”, criticó Aldana Ortiz.
Las actualizaciones de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano aprobadas por las Comisiones de Desarrollo Urbano y Desarrollo Socioeconómico del ayuntamiento de Zapopan, establecen que en El Bajío se permitirá una densidad poblacional mínima y grandes extensiones de uso comercial. A cambio se decretan cerca de 480 hectáreas de franja de amortiguamiento.
A decir del abogado, en esta zona que es una cuenca endorreica, con alto valor hídrico y ambiental para la Zona Metropolitana de Guadalajara ni siquiera debería permitirse eso.
Aldana Ortiz señaló que Parlamento de Colonias y los vecinos de Rancho Contento, –los mismos que lograron que el Tribunal de lo Administrativo del Estado ordenara suspender la comercialización y la habitabilidad de la Villa Panamericana–, hacen una revisión jurídica para promover una probable impugnación con base en que los Planes Parciales se elaboraron al margen del Código Urbano del Estado de Jalisco.
“Se saltaron pasos en el procedimiento y formulación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de sub distritos y distritos urbanos. Esto incumple el artículo 123 del Código Urbano del Estado de Jalisco. Primero, no existen evidencias documentales de que hayan convocado y realizado foros de opinión, consulta a los titulares y habitantes de inmuebles o a grupos organizados de la sociedad para elaboración del proyecto.
“El artículo 123 establece que debe seguirse un procedimiento y ese procedimiento no se sigue. Por ejemplo el ayuntamiento no convalidó ni ordenó la revisión de los Planes Parciales, por lo tanto la revisión es nula por pleno derecho. También establece que deben de contar con estudios de impacto ambiental, situación de la que tampoco tenemos evidencia de que así haya sido”, explicó.
Por lo pronto, dijo, “tenemos la gran posibilidad de que el pleno del ayuntamiento en la sesión que tengan para aprobarlo pudieran los regidores hacer un análisis de estos puntos de los que hacemos referencia”.
Además, informó, sigue vigente la suspensión otorgada por el TAE para que no se comercialice y no se otorguen certificados de habitabilidad a la Villa Panamericana.
En este proceso legal, abundó, el TAE ordenó la publicación de edictos para que los terceros perjudicados comparezcan para externar su conformidad o inconformidad, como los trabajadores al servicio del estado cuyos ahorros fueron invertidos en este inmueble por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
No descartan medidas legales
El gobierno de Emilio González Márquez, que invirtió al menos 525 millones a través de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe) y 340 millones de pesos de Ipejal en la construcción de la Villa Panamericana, no emitirá opinión alguna sobre los nuevos Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Zapopan, en tanto no terminen de estudiar sus implicaciones legales y las medidas que emprenderán, de acuerdo a fuentes del Ejecutivo.
Ricardo Serrano como presidente del Consejo de Administración de Ipejal declaró ayer a Notisistema que no descartan demandar al ayuntamiento de Zapopan, el cual otorgó en la administración de Juan Sánchez Aldana los permisos de construcción y de preventa.
La inversión que hizo el gobierno del estado fue para salvar el proyecto debido a que Corey Integra, la empresa responsable, no tuvo solvencia para hacerlo. De tal forma que Ipejal compró 200 departamentos que a la fecha no ha podido vender para recuperar la inversión, e Iprovipe le prestó a la constructora 525 millones de pesos que serían devueltos también con la venta del complejo.
Ricardo Serrano como presidente del Consejo de Administración de Ipejal declaró ayer a Notisistema que no descartan demandar al ayuntamiento de Zapopan, el cual otorgó en la administración de Juan Sánchez Aldana los permisos de construcción y de preventa.
La inversión que hizo el gobierno del estado fue para salvar el proyecto debido a que Corey Integra, la empresa responsable, no tuvo solvencia para hacerlo. De tal forma que Ipejal compró 200 departamentos que a la fecha no ha podido vender para recuperar la inversión, e Iprovipe le prestó a la constructora 525 millones de pesos que serían devueltos también con la venta del complejo.
LA JORNADA JALISCO
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