El Congreso mexicano, integrado por las cámaras de Diputados y Senadores, es uno de los más caros del mundo, detrás de los parlamentos de Estados Unidos, Brasil, Nigeria y Japón, según el primer Informe Parlamentario Mundial 2012, del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), y la Unión Interparlamentaria, con información de 202 parlamentos de 190 países.
A cada mexicano, el Congreso le cuesta cada año 10.2 dólares según el cálculo, basado en información de 2010, cuando ambas cámaras recibieron en total 1,116, 543, 848 dólares como presupuesto y se tenía un registro de 109, 610, 000 mexicanos.
El costo incluye el sueldo de los 500 diputados y los 128 senadores, además de sus 7,257 empleados, lo que significa que hay 11.56 burócratas por legislador, casi tres veces el promedio mundial, que es de 3.76 trabajadores, y el doble del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 4.78.
Del total de los 7,257 burócratas que laboran en el Congreso de la Unión, 5,221 corresponden a la Cámara baja y 2,036 al Senado.
Si bien el documento no menciona el presupuesto del parlamento brasileño como uno de los más cuantiosos, de acuerdo a los anexos del Informe el monto que el país sudamericano destina a su congreso sería el segundo más grande.
El informe busca establecer parámetros para medir el desempeño, los resultados y la calidad del trabajo legislativo, señaló en entrevista, Diego Antoni, director del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD en México.
“El Informe da como los primeros elementos para la discusión, lo que sigue es establecer parámetros internacionales en el desempeño parlamentario, no sólo en fiscalización y en legislación.
“Para México va a ser muy interesante y útil saber qué parámetros están usando en otras partes del mundo para poder hacer su propia opinión respecto a la efectividad del trabajo del Congreso mexicano versus los recursos que le destina”, consideró Antoni.
El estudio no equipara el presupuesto de los parlamentos con los resultados legislativos que cada cámara ha obtenido en su país de origen y tampoco hace comparativos entre congresos unicamerales o bicamerales.
Gustavo López Montiel, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, señaló que el Congreso de la Unión es oneroso, aunque el gasto y la eficiencia debe medirse en relación a la forma en cómo trabaja.
“El Congreso mexicano tiende a ser un poco más eficiente que otros porque la mayor parte de las iniciativas que se presentan son menores, pero cuando vemos reformas de largo alcance, ahí sí tiene dificultades en buena medida porque su estructura evita que haya un proceso de toma de decisiones mucho más eficiente”, dijo.
En México los legisladores llegan a la curul a través de mayoría relativa, que es por voto directo, o por la vía plurinominal, que se refiere al porcentaje de votos que obtiene cada partido.
“Esto hace que al Congreso, por esta forma de representación, lleguen distintos grupos y lleguen normalmente aquellos que tienen mucho poder en las estructuras partidarias que los que se eligen por voto directo.
“La reforma laboral es un ejemplo, el proceso es muy complicado porque todos los grupos que están ahí tienen intereses distintos y tienen capacidad de vetarse uno a otro (…) eso hace que la construcción de leyes sea muy tortuosa y muy complicada”, explicó.
Cualquier congreso requiere una burocracia especializada y necesita una estructura profesional que realice el trabajo técnico y que dé los elementos de análisis a los legisladores para la toma de decisiones, indicó María del Carmen Nava, directora de la agencia Visión Legislativa.
Añadió que el problema en el caso mexicano es que los legisladores han “metido las manos” en toda la estructura burocrática de asesoría, ocasionando que no haya una plantilla de trabajadores especializados.
“Lo que tienden a hacer los grupos parlamentarios es que se reparten las cabezas de cada uno de los centros de estudio (…) En el Senado, el Instituto Belisario Domínguez era algo más institucional y de repente les gustó a los partidos turnarse anualmente la presidencia del Instituto y eso generó que no tuvieran una continuidad en los proyectos de investigación.
“Al final si los legisladores no terminan de sacar las manos de toda esta estructura burocrática de asesoría, terminan en efecto desperdiciándose los recursos”, señaló Nava en entrevista.
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